En segundo lugar, desde que se declaró el conflicto en Siria, la posición de la política turca ha sido de puertas abiertas a cualquiera de los que necesita o buscaba la condición de refugiado o protección. Además, como Estado signatario de la Convención de Refugiados de 1951, Turquía acepta todas las responsabilidades en el ámbito internacional bajo la figura del Tercer País Seguro.
Esta figura permite que si una persona solicitante de asilo fuera rechazada, tiene el derecho de ser transportada a un tercer país que cumpla las mismas condiciones de vida buscadas por el solicitante. La vinculación de esta Convención implica varias responsabilidades, en este caso, este tercer estado se compromete a cumplir con las condiciones mínimas para garantizar que los solicitantes no sean devueltos a su país de origen, garantizar derechos universales y la reunificación familiar, garantizar la salud, la educación, el trabajo y acceso a los derechos de seguridad social.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, un tercer país seguro debe respetar la vida y la libertad de la población y también debe proporcionar las condiciones necesarias para evitar la persecución por motivos de raza, religión, etnia u opiniones políticas.
Teóricamente, esta figura jurídica ayuda a mitigar la demanda excesiva de solicitudes de asilo en algunos países específicos y redistribuir los solicitantes de maneras más equitativas entre diferentes países. Aceptar los términos de la Convención de Refugiados de 1951 no es delegar responsabilidades en el ámbito internacional.
Brindar seguridad a los refugiados es la misión. Sin embargo, aceptar grandes flujos de personas también conlleva reacciones sociales que el Estado también debe proteger. La securitización de la migración nace de experiencias similares en el pasado. “(...) la migración se ha presentado cada vez más como un peligro para el orden público, la identidad cultural y la estabilidad del mercado laboral y doméstico; ha sido titulizado ".
Estrategia turca
Como parte de sus obligaciones como Tercer País Seguro, los acuerdos internacionales, el derecho humanitario y las políticas internas de Turquía han implementado muchos programas que han ayudado a elevar las condiciones de vida de los refugiados. Asistiendo con vivienda, ayuda humanitaria, escolaridad, servicios de salud y educación gratuita en idioma turco. Se estima que el gobierno de Ankara ha gastado más de US 9 mil millones para atender la temática Siria desde el comienzo de la guerra civil.
Además, el ACNUR informa asistencia económica por más de USD 11 millones en un paquete de compensación de un solo pago que benefició a 252,700 personas vulnerables para la protección y asistencia de emergencia. La cooperación entre el ACNUR y la Agencia de Empleo de Turquía ha facilitado la inserción de más de 2.500 personas en el mercado laboral.
Sin embargo, según los datos proporcionados por el ACNUR en 2018, Turquía ha recibido 3,6 millones de personas (Figura 1) bajo el régimen de protección temporal, de los cuales aproximadamente el 50% son menores de edad. Casi el 4% vive en los centros oficiales de alojamiento temporal y el resto, el 96%, vive en zonas urbanas, periurbanas y rurales.